El pasado 31 de enero, varios centenares de personas acudieron a la convocatoria -lanzada por la Asamblea de Vivienda de Madrid- para detener el desahucio de Antonio, un vecino de Lavapiés de 53 años con problemas de movilidad, incapacitación total y una enfermedad crónica. La jornada concluyó con la ejecución del desahucio, al menos cuatro detenidos, entre ellos el propio desahuciado, y cargas policiales en el combativo barrio madrileño. Tras las detenciones, unos 200 vecinos hicieron una sentada que inmovilizó los furgones policiales. A continuación, la policía nacional cargó contra las personas que habían acudido en solidaridad con la situación de Antonio. Finalmente, los manifestantes hicieron retroceder a los agentes hasta la plaza de Lavapiés al grito de “asesinos” y “fuera policía de los barrios de Madrid”.
Muchos de las personas sensibilizadas con la situación de Antonio les lanzaron objetos e incluso algunos vecinos -enfurecidos por la injusticia perpetrada- arrojaron macetas desde los balcones, con lo que la policía acabó refugiándose en el furgón y huyendo del barrio.
La “información” se publicó en el diario El País bajo un titular que -como de costumbre- destacaba las detenciones y criminalizaba a los activistas sociales. La noticia del 27 de febrero -Tres detenidos acusados de agredir a agentes municipales en un desahucio- ignora por completo las circunstancias de las detenciones para victimizar una vez más a la policía invirtiendo obscenamente los roles de unos y otros. No es el grueso de los manifestantes quién echa a la policía con las participación activa de algunos vecinos desde sus balcones, sino “individuos radicales de extrema izquierda [que se infiltraron] junto con algunos anarquistas”.
Mientras la noticia del 31 de enero concluía citando a “fuentes de la policía” que aseguraron entonces “que tres agentes habían sido atendidos por una mutua sanitaria tras resultar heridos leves en los enfrentamientos”, la del 27 de febrero entra en contradicción con estas declaraciones para inventarse que “una policía está a la espera de que la sometan a más pruebas para ver si sufre un derrame cerebral o alguna lesión neurológica”, porque, según El País, “la funcionaria recibió el impacto de una bola de acero que le agujereó el casco”. Sin embargo, la fotografía que ilustra la noticia muestra un casco con una pequeña abolladura, nunca una “perforación”. Eso lo transforma El País en “agentes [que] resultaron heridos, algunos de gravedad, al recibir impactos de rodamientos que agujerearon el casco de protección”.
Una vez más, una noticia sesgada basada únicamente en “fuentes policiales” silencia testimonios de amigos y familiares donde se denuncian las trapacerías de los agentes de paisano o los argumentos de la Plataforma Stop Desahucios, desvirtuando el fondo de la protesta o las causas de la misma para ejercer de abogado defensor de los verdaderamente violentos: una banca amparada por una legislación que le favorece, un gobierno que desahucia a personas en situación de indefensión y unas fuerzas policiales que agreden y detienen a quienes luchan y defienden el derecho a la vivienda.
